b-000330
Ciudad de México, a 7 de agosto de 2012
CC. Magistrada y Magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
P r e s e n t e s
Señora y señores Magistrados:
Antes de que ustedes emitan la resolución sobre la validez o no de la elección presidencial, y dada la importancia que esta decisión tendrá para el destino de México, les expongo de manera clara y precisa los fundamentos y pruebas que aportamos para demostrar que en dicha contienda se violó flagrantemente el espíritu y la letra del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recurro a esta vía con fundamento en los artículos 12.3 y 16.4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque es público y notorio que el Consejo General del Instituto Federal Electoral no cumplió con su función de garantizar que las elecciones se desarrollaran en condiciones de equidad y limpieza. El día 8 de febrero, en mi carácter de precandidato, presenté, ante esa instancia, una propuesta con doce medidas para garantizar la equidad y autenticidad del sufragio. En particular, enfaticé que se debía actuar de manera preventiva y poner en marcha mecanismos para evitar la compra y coacción del voto, así como la utilización ilegal de los medios de información para favorecer a candidatos y partidos. Sin embargo, tres meses y medio después; es decir, el 25 de mayo, el Consejo General del IFE tomó el acuerdo de desechar mis recomendaciones (anexo el escrito y el fallo de los Consejeros). (1)
Lo más lamentable es que los Consejeros del IFE se han convertido en defensores oficiosos del candidato del PRI y del grupo que lo patrocina, al grado que en el informe circunstanciado que presentaron ante ese tribunal, abiertamente descalifican el valor de nuestras pruebas y recurren a tácticas dilatorias para no entregar a tiempo la información sobre las múltiples irregularidades en que incurrieron nuestros adversarios; en específico, en lo referido a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En razón de lo anterior presento a ustedes un resumen detallado de las pruebas que hemos entregado al IFE en tiempo y forma así como otras supervenientes que dan sustento al juicio de invalidez de la elección presidencial.
Se trata de diez fundamentos básicos que, por separado o en su conjunto, confirman la solidez de nuestra denuncia:
1. Actitud tendenciosa de los medios de comunicación para favorecer a Enrique Peña Nieto.
Es de dominio público el interés de los dueños de los medios de comunicación, en particular de Televisa y Milenio, para imponer a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República; el monitoreo elaborado por la UNAM a solicitud del IFE, constituye una prueba irrefutable de la falta de equidad que prevaleció durante la campaña presidencial. En ese reporte se señala que el candidato del PRI ocupó el mayor tiempo destinado por los noticiarios de radio y televisión, y aun cuando no se calificaron notas informativas correspondientes a los géneros de opinión, análisis y debate, de 3 mil 853 valoraciones de los cuatro candidatos, Peña Nieto tuvo 668 menciones positivas y 480 negativas, mientras, en mi caso, recibí 477 valoraciones positivas y 974 negativas (anexo estudio completo). (2)
2. Manejo de encuestas en medios de comunicación para hacer propaganda a favor de Peña Nieto.
Desde el primer día de la campaña, apareció una lluvia de encuestas y sondeos de opinión que no paró hasta el día de la elección presidencial. En evidente componenda con el candidato del PRI, empresas como GEA-ISA/Milenio, El Universal/Buendía y Laredo, BGC/Excélsior, Consulta Mitofsky/Radio Fórmula/Televisa, entre otras, se dedicaron a difundir resultados que no correspondían a la realidad y cuyo propósito fue proyectar la imagen de que Enrique Peña Nieto era inalcanzable. Por ejemplo, la encuesta GEA-ISA/Milenio se difundió diariamente en periódicos, radio y televisión, durante toda la campaña. Inclusive, el 27 de junio, último día de campaña, este medio de comunicación, en titulares, sostiene que –“tras 101 días de seguimiento diario electoral” Peña Nieto mantiene una ventaja de 18.4 por ciento, casi tres veces superior al resultado oficial (anexo expediente técnico). (3)
Esta descarada manipulación se tradujo en propaganda disfrazada, promovida por los dueños de empresas de medios de información para eludir la prohibición expresa a los particulares de contratar tiempos en radio y televisión. Es decir, se violaron los párrafos 2 y 3 del inciso g), de la base III, del artículo 41 de la Constitución, así como los artículos 49.3 y 49.4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el “Acuerdo General del Instituto Federal Electoral que estableció los lineamientos y los criterios de carácter científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos durante el proceso electoral 2011-2012”.
3. Gasto excesivo en propaganda y en movilización en los actos de campaña de Enrique Peña Nieto.
El 26 de abril de 2012 los representantes de los tres partidos de la coalición Movimiento Progresista presentaron una queja por violación al tope de gastos de campaña por parte del candidato priísta y solicitaron “medidas cautelares para hacer cesar la conducta denunciada, a fin de preservar el principio de equidad y garantizar la validez de la elección”. Se entregaron pruebas que sustentan la estimación de que al 24 de abril de 2012 el candidato del PRI, había realizado un gasto de campaña que ascendía ya a la cantidad de $374’920,338.21, tan sólo en rubros de gastos como anuncios de bardas y espectaculares, así como en la realización de actos, con lo que rebasaba lo permitido en $38’808,254.05.
Sin embargo, el IFE no hizo nada. El 5 de junio de 2012, la coalición presentó una ampliación a la queja por violación al tope de gastos, solicitando medidas cautelares, pues se evidenció que al 2 de junio, el candidato Peña Nieto ya había gastado $719’500,989.00 tan sólo en propaganda y actos de campaña cuantificables, rebasando el tope en $383’388,905.17. Es decir, más del doble de lo legalmente permitido.
Posteriormente, el 10 de julio de 2012, los partidos de la coalición de izquierda se vieron obligados a presentar una segunda ampliación de queja por rebase de gastos por parte del PRI. El gasto de campaña de Peña Nieto para el periodo del 3 al 27 de junio de 2012 era entonces de $1,173’486,884.00. Esto es, entre la primera queja interpuesta el 26 de abril del 2012 y la del 10 de julio del mismo año, la coalición PRI-PVEM había gastado únicamente para campaña presidencial, y “tan sólo en propaganda y actos de campaña cuantificables”, la cantidad de $1,892’987,873.00. El rebase del tope legal nada más por esos conceptos ascendía entonces a $1,556’875,788.65.00 ¿Y la autoridad electoral? Nada relevante se hizo al respecto.
Por último, el 12 de julio, en el juicio de inconformidad, en donde solicitamos la invalidez de la elección presidencial, sostuvimos con las pruebas correspondientes que la coalición Compromiso por México erogó en la campaña la cantidad de $4,599’947,834.00, que era lo que hasta entonces se había podido acreditar. Corresponderá a ustedes, señora y señores Magistrados, indagar los hechos para determinar cuántos miles de millones se utilizaron para literalmente tratar de comprar la elección presidencial del 2012.
4. Uso de tarjetas Soriana para comprar el voto.
En varias partes del país, dirigentes y candidatos del PRI entregaron millones de tarjetas de la tienda departamental Soriana a cambio de votos. Es conocido que estos comercios en la zona conurbada del Distrito Federal, fueron prácticamente vaciados por multitudes del Estado de México que usaron tarjetas al día siguiente y en los días posteriores a la elección. De todo ello hay pruebas suficientes en el Juicio de Inconformidad y en videos, y testimonios que anexo a este escrito. (4)
Llama la atención que existen cuando menos siete tipos distintos de tarjetas de Soriana: Soriana Mi Ahorro, Soriana Aprecio por ti, en el Estado de México y el Distrito Federal; Tamaulipas siempre gana PRI por Ti Soriana; Mercado Soriana Tarjeta Buen Vecino y Soriana Obsequia Aprecio de Nuevo León; Mi Ahorro Soriana, Chihuahua; y Soriana CTM (tarjetas que acompañan este escrito). (5)
Como una prueba más de cómo utilizaron estas tarjetas para comprar votos en distintas partes del país, doy a conocer que en la región norte de Guerrero, limítrofe con el Estado de México, entregaron tarjetas de prepago Soriana Mi Ahorro-Banamex Internacional. Adjunto una relación de preregistro con firmas y teléfonos; otra de 596 personas con firmas, huellas y teléfonos de quienes recibieron este pago por parte del PRI y, finalmente, una relación con números de tarjetas de SORIBAN (Soriana-Banamex), firmado por un gerente de sucursal. Además, nos entregaron 6 tarjetas que coinciden con la relación antes mencionada. (6)
No obstante, como pruebas plenas, entrego a ustedes testimonios notariales donde ciudadanos afirman que recibieron este tipo de tarjetas a cambio de que votaran por el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto (anexo testimonios notariales). (7)
5. Distribución de miles de monederos del Banco Monex con dinero de procedencia ilícita.
Como antecedente, expongo que el día 26 de junio el Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante el IFE y la FEPADE, entregando como pruebas dos tarjetas Monex Recompensa, con sus respectivos testimonios notariales, de dos ciudadanos de Guanajuato que aseguraron haber recibido estos monederos electrónicos como pago por su desempeño en la estructura electoral del PRI. En su escrito, el PAN demandó la investigación correspondiente, asegurando que el PRI había destinado 700 millones de pesos para éste propósito.
Posteriormente, nosotros recibimos 33 facturas y una relación de depósitos para la adquisición de tarjetas Monex por un monto de 108 millones 200 mil, 764 pesos. En dichas facturas aparecen como clientes el Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V, y la Importadora y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., los cuales compraron a Monex 10 mil 674 tarjetas, con sus respectivas cargas de “saldos prepago” (documentos presentados el día 12 de julio como prueba en el Juicio de Inconformidad). Tres días después, el 15 de julio, en entrevista con el periódico Reforma, el director de Monex, admitió tácitamente la autenticidad de las facturas.
Al mismo tiempo, por nuestra cuenta, iniciamos una investigación sobre las características de las empresas que contrataron este servicio, así como otras empresas que depositaron un total de 70 millones 281 mil 78 pesos a favor de Monex, mediante transferencias bancarias, depósitos en firme y otros depósitos cuya procedencia se desconoce. De esta investigación se desprendió que las empresas eran fantasmas y que en dos de ellas los accionistas eran dos obreros, uno de ellos ya fallecido (anexamos investigación completa). (8)
En respuesta, el día 19 de julio el PRI aseguró que había contratado a la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A. de C.V. para manejar 7 mil 850 tarjetas, por un monto total de 66 millones 326 mil 300 pesos y que estos recursos sólo se habían distribuido el día de la elección para pagar a quienes participaron como integrantes de su estructura electoral. Todo ello, con el evidente propósito de que no se considerara como gasto de campaña, sino como gasto ordinario de ese partido en contravención a lo que señalan los artículos 215 y 229.2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esa coartada es insostenible dado que las facturas, documentos y testimonios que anexamos, demuestran que dichas tarjetas se entregaron desde abril, y no sólo a los representantes generales y de casillas del PRI.
Por si fuese poco, el día 13 de julio, empezaron a llegar tarjetas denominadas Monex-Lealtad, procedentes de Tabasco. A la fecha, hemos entregado 16 tarjetas de Tabasco y una del Estado de México. Ahora aprovecho para enviarles 9 más de Tabasco, 3 de Puebla, 2 de Morelos y una de Veracruz. (9) Les aclaro que ya estamos hablando de tres tarjetas Monex distintas: Monex Recompensa, Monex Lealtad y Broxel Monex Lealtad Internacional.
Más aun, el día 26 de julio recibimos de Tabasco una relación de 4 mil 891 responsables de activismo y movilización del PRI, conocidos como RAV, que recibieron pagos mediante monederos Monex. (10)
Estos operadores no necesariamente actuaron como representantes de casilla, sino como promotores del voto a favor de Enrique Peña Nieto. También presento a ustedes 89 audios sobre un muestreo telefónico que llevamos a cabo de estos responsables de activismo y movilización del PRI en Tabasco, los cuales demuestran que dichas personas recibieron pagos mediante las tarjetas Monex, por alrededor de 4 mil pesos en el periodo de abril a junio. (11)
Con todos estos elementos podemos afirmar que si en Tabasco, que tiene mil 133 secciones electorales, se entregaron 4 mil 891 tarjetas Monex, por lógica, en todo el país, en donde hay 66 mil 740 secciones electorales, debieron ser utilizadas alrededor de 260 mil tarjetas. Un promedio de 4 por sección, lo cual lleva pensar que sólo por este concepto el PRI, a través de múltiples empresas fantasmas, contrató más de mil millones de pesos con el Banco Monex.
Consideramos que esta hipótesis debe ser confirmada por ustedes y bastaría con solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que Monex entregara las más de 4 mil facturas que emitió durante los tres meses de campaña presidencial.
Por otro lado, les doy a conocer que hemos recibido tarjetas de otras instituciones bancarias que fueron utilizadas por el PRI. Me refiero a las tarjetas Bancomer y Santander, que anexo los testimonios de los ciudadanos que nos hicieron llegar estos instrumentos. En uno de estos testimonios se relata que se entregó una tarjeta Bancomer a cada representante de casilla propietario del PRI, por la cantidad de 4 mil pesos y otra, de 2 mil pesos por suplente. Consideramos que el asunto amerita una investigación por separado. (12)
6. La compra y distribución de tarjetas telefónicas como propaganda de Peña Nieto.
Los ciudadanos nos han transmitido información acerca de que el PRI contrató alrededor de 5 millones de tarjetas telefónicas con la imagen de Enrique Peña Nieto. Estas tarjetas telefónicas prepagadas con tiempo aire de 100 pesos cada una, fueron distribuidas por todo el país, lo cual implica un gasto, sin considerar el costo de las tarjetas, de 500 millones de pesos. Pido a ustedes que se abra la investigación correspondiente y que soliciten a la empresa MarkCom Tech Solutions y a Telmex el contrato que legalmente hubo de ser suscrito en esta compra-venta. Les doy a conocer que en el Juicio de Inconformidad entregamos al IFE 378 tarjetas con estas características. Asimismo, anexo un documento promocional de la empresa MarkCom, denominado “La Mejor Herramienta de Marketing Político, PRI Comprometidos con México, Tarjeta Telefónica Promocional”, que aparecía en la página de dicha empresa hasta antes de que la cerraran. (13)
7. Utilización de los gobiernos del PRI en beneficio de Peña Nieto. El caso de Zacatecas en particular.
Como es de conocimiento público, el 12 de junio, en Toluca, en la casa oficial del gobernador del Estado de México, 16 gobernadores del PRI se reunieron con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí, se asignaron cuotas de votos por mandatario.
Por ejemplo, Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, se comprometió a conseguir 2 millones 900 mil votos, que fue precisamente la votación que Peña Nieto obtuvo en el Estado de México.
La confabulación de los gobernadores en el Estado de México se tradujo en la utilización de recursos públicos de los estados para comprar millones de votos en todo el país.
Una prueba bien documentada de lo anterior fue el modo en que operó el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, el cual asignó tareas electorales a sus principales colaboradores, por distrito y municipio, y está comprobado que estos funcionarios manejaron chequeras con millones de pesos para la compra de votos. Este hecho fue denunciado a la FEPADE pero ni siquiera le ha sido asignado número de averiguación. Por eso mismo, entrego a ustedes dos chequeras, cheques y otras pruebas contundentes. (14)
8. Manejo de una cuenta del gobierno del Estado de México por Luis Videgaray Caso, coordinador de Campaña de Enrique Peña Nieto.
El día 2 de agosto, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de mi campaña, dio a conocer la existencia de la cuenta 806935 de Scotiabank, que pertenece al gobierno del Estado de México, pero que es administrada por Luis Videgaray Caso. Esta cuenta, que permaneció prácticamente inactiva en los meses de diciembre y enero, manejó en inversiones, de febrero a junio del año en curso, alrededor de 8 mil millones de pesos, quedando otra vez con un saldo menor, a finales del mes de junio; es decir, con el mismo comportamiento de los meses previos a la campaña y a su mayor utilización. Aún cuando Videgaray, los dirigentes del PRI, el banco y el gobierno del Estado de México, respondieron que se trataba de un infundio, al día siguiente de que se presentó esta denuncia se dio a conocer un audio donde una empleada de dicho banco confirma que, en efecto, la cuenta existe a nombre del Estado de México y que el administrador único acreditado es Luis Videgaray Caso.
Por la gravedad que reviste este hecho, considero que el Tribunal debe hacer la investigación correspondiente (anexo estados de cuenta y audio). (15)
9. La compra de votos en todo el país.
Antes y durante la elección del primero de julio, fue evidente la compra de votos por parte de operadores del PRI en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el 23 y el 25 de junio, en Baja California Sur, fueron detenidos cuatro tráilers con placas del estado de México repletos de despensas (anexo dos actas notariales que dan fe de los hechos). (16)
En Campeche, se identificó, días antes de la elección, una casa con despensas y otros artículos que serían utilizados para repartir a quienes votaran por Peña Nieto y por el PRI (se anexa acta notarial). (17)
Abundan reportes de compra de votos correspondientes al día mismo de la elección y de ello dan cuenta actas notariales y denuncias presentadas a la FEPADE en Michoacán, Colima, Yucatán, Tabasco, Coahuila, Chiapas, entre otros, documentos que adjunto al presente escrito. (18)
Asimismo, anexo los relatos sobre estas violaciones a la ley, que hicieron los escritores e intelectuales, Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, Fabrizio Mejía, Héctor Díaz Polanco, Héctor Vasconcelos, Sanjuana Martínez, Pedro Miguel, José Alfonso Suárez del Real y Jesús Ramírez Cuevas. (19)
10. Compra de votos y tráfico con la pobreza en el medio rural.
La compra del voto se dio prácticamente en todo el país pero fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. En estos lugares se registró el mayor nivel de participación ciudadana del país, contrario a lo sucedido en las anteriores elecciones presidenciales y por encima de la media nacional registrada en los actuales comicios.
Por ejemplo, en los tres distritos con más población rural de Yucatán, se registró una participación promedio del 86 por ciento. En Chiapas, la participación ciudadana, con respecto al 2006, se incrementó en 118 por ciento y el PRI consiguió 506 mil votos de más. En este estado, en el medio urbano, Peña Nieto “me gana” por 4 mil 223 votos, pero en el medio rural su ventaja es de 294 mil 871 votos.
Una investigación que realizamos sobre el incremento en la participación ciudadana en el medio rural en el país, precisa sobre lo atípico de este fenómeno. En el medio urbano, con relación al 2006, la participación creció en 5.16 por ciento, mientras en el medio rural aumentó en 23.37 por ciento (anexo el estudio). (20)
Esto explica porque en las casillas no urbanas, que son el 35 por ciento del total, Peña “me gana” con 2 millones 801 mil 402 votos, lo que representa el 84.1 por ciento de su supuesta ventaja a nivel nacional.
Para la obtención de estos votos, el candidato Peña Nieto y su partido, entregaron dinero en efectivo, comida (pollos rostizados, carne de res y de cerdo), materiales de construcción y otras dádivas, aprovechando la pobreza extrema de millones de mexicanos que carecen hasta de lo indispensable.
No puede dejar de indignar y entristecer, el constatar que, para colmo, los responsables de la desgracia de millones de mexicanos, utilicen a sus víctimas, en particular las más pobres y desinformadas, para tratar de sostener su funesto poder económico, político y mediático.
Esta es, sin duda, la mayor inmoralidad que se registró durante la elección presidencial. Esto va más allá del uso del dinero para comprar votos; se trata de un hecho indigno y de la mayor vileza humana. No es justificable, bajo ninguna circunstancia, el tráfico con la pobreza y con el hambre. Pregunto a ustedes señores magistrados: ¿Cómo puede haber una elección libre cuando se abusa de la necesidad de la gente? Podrá alegarse que los pobres que votaron por el PRI actuaron por su propia voluntad, utilizando su libre albedrío, pero esto implica omitir las circunstancias de miseria en que viven millones de mexicanos y desconocer el desdichado mundo de los olvidados, donde lo más importante es sobrevivir y conseguir el sustento de cada día.
Éste es el gran tema en esta elección: el comercio con la pobreza de la gente. Se trata no sólo de valerse de la ignorancia, sino de una inmoralidad mayor. Por muy buenos resultados que haya dado la manipulación a través de los medios de comunicación, el voto de los pobres no habría beneficiado a Peña Nieto, sin estar de por medio la entrega de dinero o de una dádiva a cambio del sufragio. Es difícil imaginar que Peña Nieto, quien con su mentalidad clasista desprecia a los desvalidos, haya sido visto por los pobres como su redentor.
Otra prueba de que esta elección presidencial fue definida por el uso del dinero para la compra de los votos es que, en las ciudades, las tendencias electorales fueron distintas a las del medio rural, y no sólo porque en las primeras hay más información, sino también porque en ellas, el PRI no aplicó la estrategia de comprar votos a integrantes de las clases medias. En las casillas urbanas, que son el 65 por ciento del total, según cifras oficiales Peña Nieto me “supera” con 528 mil 383 votos y su ventaja la obtuvo en colonias con mayor marginación y pobreza, donde también entregaron dinero, tarjetas Soriana y otras dádivas.
En las 902 casillas especiales instaladas en todo el país, en las que los ciudadanos sufragaron libremente, el resultado fue completamente distinto: por Josefina Vázquez Mota 27.8 por ciento; por Enrique Peña Nieto 28.1 por ciento; por mi candidatura 41.0 por ciento; por Gabriel Quadri 1.6 por ciento; candidatos no registrados 0.2 por ciento, y votos nulos, 1.2 por ciento. En este tipo de casillas, Peña sólo gana en 4 estados de las 32 entidades de la República.
En suma, entre mayor acceso a la información, menor control corporativo y mejores condiciones de vida; es decir, a más libertad, menos votos para Peña Nieto.
Ahora bien: la culpa no recae en quien por necesidad vende su voto, sino en el que se aprovecha de la miseria del pueblo. Es como si sólo se juzgara a Essaú por haber vendido su herencia por un plato de lentejas y no a Jacob, quien se valió del hambre de su hermano.
Pero lo más grave es que si no se corta de tajo esta práctica inhumana, corrupta y perversa, nunca habrá una auténtica democracia en nuestro país. Permitir a los que ejercen el poder beneficiarse electoralmente de la necesidad del pueblo, es aceptar y establecer en los hechos, un régimen de suprema injusticia en el que entre más pobre y debilitado esté el pueblo, menos esfuerzos serán necesarios para oprimirlo.
Podrán decir algunos que, en sentido estricto, esta conducta no está tipificada como un delito electoral, pero sí lo es la compra del voto. Y sin duda, se trata de un hecho indigno, inmoral y, desde luego, antidemocrático.
Señora y señores Magistrados:
Es imprescindible que se cumpla el mandato constitucional de que las elecciones deben ser libres y auténticas. La supuesta democracia nacional no puede estar tutelada por los poderes fácticos de carácter mediático y económico. En una democracia efectiva todos debemos valer igual y no debe imperar el dinero.
Si la democracia y el Estado de Derecho no prevalecen en México no será posible establecer las bases necesarias para hacer florecer la patria limpia, justa y fraterna que nos merecemos. La confianza es el sustento básico de los tribunales. Perdida la confianza, por una desdichada sentencia, por una sola sentencia, ¿Cómo recuperarla? La confianza no es solamente fundamental para los tribunales, sino también y, sobre todo, para la República.
El futuro de la nación depende de ustedes.
A t e n t a m e n t e
Andrés Manuel López Obrador
Candidato a la Presidencia de la República
por la Coalición Movimiento Progresista
Anexos con pruebas, estudios y testimonios
- Escrito del 8 de febrero que presenté al IFE y Acuerdo del Consejo General del IFE en respuesta a AMLO.
- Estudio sobre el monitoreo realizado por la UNAM.
- Expediente técnico sobre la utilización de las encuestas como propaganda política.
- Videos y testimonios sobre la entrega de tarjetas Soriana.
- Los siete tipos de tarjetas Soriana.
- Relación de personas del estado de Guerrero que recibieron del PRI tarjetas de débito, Soriana Mi Ahorro Banamex. Y seis tarjetas de este tipo.
- Testimonios notariales sobre la compra del voto con tarjetas Soriana.
- Investigación sobre facturas del Banco Monex y de las empresas que sirvieron como pantalla para el uso de dinero de procedencia ilícita.
- Tarjetas Monex de las distintas denominaciones.
10. Relación de responsables de activismo y movilización del PRI en Tabasco.
11. Ochenta y nueve Audios de llamadas telefónicas para confirmar el uso de tarjetas Monex en Tabasco.
12. Tarjetas de otras instituciones bancarias utilizadas por el PRI.
13. Documento promocional de la empresa MarkCom, que elaboró las tarjetas telefónicas de Peña Nieto.
14. Copias de cheques y otros documentos de la compra del voto en Zacatecas.
15. Prueba sobre la cuenta de Scotiabank manejada por Luis Videgaray y audio que lo confirma.
16. Actas notariales de los cuatro tráilers con despensas de Baja California Sur.
17. Actas notariales de compra del voto en Campeche.
18. Otras denuncias y actas notariales sobre compra del voto en distintos estados de la República.
19. Folleto de intelectuales sobre el fraude electoral.
20. Investigación sobre el atípico incremento de la participación ciudadana en el medio rural.
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