De altos costos, muy alta incertidumbre y de graves riesgos ambientales, la explotación petrolera en aguas profundas del Golfo de México, afirma Sheinbaum

México, Distrito Federal, a 2 de mayo de 2012

 

 

Intervención de la propuesta para secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum Pardo, en foro ¿Por qué perforar en aguas profundas es una gran estupidez?  que organiza Greenpeace

 

 

De acuerdo con información de Pemex, entre los años 2000 y 2011 Pemex Exploración y Producción (PEP) destinó aproximadamente 50 mil millones de pesos para exploración en aguas profundas, principalmente para la perforación de pozos y la adquisición de información sísmica. En este periodo, se terminaron 19 pozos, de los cuales sólo 11 resultaron productivos, aunque con tasas sumamente bajas.

 

En un documento reciente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos titulado “Clasificación de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos: estadísticas de rentabilidad e incertidumbre”, la Comisión concluye que los proyectos de aguas profundas y de Chicontepec, tienen poca rentabilidad, bajo volumen de producción y alto nivel de incertidumbre. Aún así reciben recursos, mientras que otros con mayor certeza y mayor probabilidad de producción reciben menos.

 

El documento explica que “el 75 por ciento de los proyectos exploratorios en aguas profundas presentan un indicador de rentabilidad negativo”, en contraste, otros proyectos en aguas someras cuentan con niveles de certidumbre más altos, pero reciben pocos recursos.

 

Aun así, en el año 2010, Pemex tomó la decisión de rentar 4 plataformas en aguas profundas. Max Smith, cuyo contrato terminó en septiembre de 2011, la plataforma sumergible Bicentenario, procedente de los astilleros de Corea del Sur y que inició operaciones con el pozo Talipau-1 del proyecto de inversión Golfo de México Sur de la Región Norte, localizado en un tirante de agua de 940 metros, en donde se tiene programado perforar a cinco mil metros de profundidad; la plataforma Petrorig que puede perforar en tirantes de agua de 2 mil 100 metros de profundidad y la plataforma Sea Dragon.

 

Cabe mencionar que el promedio de la renta diaria de cada plataforma es de medio millón de dólares, 183 millones de dólares anuales por plataforma (claro parece nada comparado con los 1.3 mil millones de euros que Pemex invirtió en Respsol).

 

La explotación petrolera en aguas profundas del Golfo de México es de altos costos, una muy alta incertidumbre y de graves riesgos ambientales. La tragedia de abril de 2010, cuando ocurrió el derrame por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, de British Petroleum, frente a las costas de Luisiana, en Estados Unidos es la mejor muestra.

 

De acuerdo con Greenpeace, de los 4.9 millones de barriles vertidos al mar, sólo cerca de 800 mil fueron recuperados en los intentos de limpieza y contención de la fuga, los daños y alcances en los ecosistemas del Golfo están aun en investigación.

 

A pesar de los graves riesgos de la actividad petrolera en aguas profundas, la única normatividad mexicana existente es la reciente publicación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que se limita a determinar las “Disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial en aguas profundas”.

 

La actividad petrolera en aguas profundas es de alta incertidumbre, poco rentable y de altísimo riesgo ambiental. La propia Comisión Nacional de Hidrocarburos insiste en su último reporte en algo que han venido diciendo la mayor parte de los ingenieros petroleros del país, existe una vasta reserva de petróleo en aguas someras y Pemex no le destina recursos. ¿Cuál es entonces el interés del gobierno actual en seguir insistiendo en las aguas profundas?

 

Desde nuestro punto de vista se trata de que Pemex corra con el alto costo y riesgos de la exploración en aguas profundas para que una vez que se descubran yacimientos rentables, entregarlos a la explotación de las empresas privadas a través de los recientes contratos incentivados o integrales. No es una rebuscada invención, lo dice la propia página de Pemex en el capítulo de contratos integrales.

 

Es decir se propone el absurdo de que todos los mexicanos paguemos por el riesgo de la exploración para que después regalemos la renta petrolera a las empresas extranjeras, esquema que además resulta ilegal, dentro de la propia reforma petrolera del 2008 y obviamente inconstitucional.

 

Las propuestas del PRI, del PAN y del PANAL son la misma para Pemex: Inversión privada. Como si eso resolviera los problemas de corrupción, mala administración y decisiones equivocadas en materia de planeación energética y petrolera. Lo que implica es compartir la renta petrolera, lo cual está explícitamente prohibido por la Constitución.

 

Nuestra propuesta para el sector energético es vasta y ha sido construida a lo largo de los últimos años por profesionales, ingenieros de Pemex y expertos en el ámbito de la planeación energética, el petróleo, la electricidad, la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía. La ha presentado ya en diversos foros nuestro candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Resumo cuatro de los puntos más importantes y relevantes:

 

Se aplicará de manera estricta lo que establece el artículo 27 Constitucional en materia de petróleo y de generación y distribución de energía eléctrica. No habrá privatizaciones.

 

Se explotará el petróleo y el gas con criterios de sustentabilidad y de preservación del medio ambiente. No dominará la euforia por vender cada vez más petróleo crudo al extranjero con el agotamiento prematuro de los yacimientos y la quema de gas a la atmósfera.

 

Se invertirá en exploración petrolera, dando prioridad a las inversiones más rentables. No puede darse la explotación en aguas profundas mientras no exista la información, análisis suficiente sobre los riesgos humanos y ambientales de esta actividad y los mecanismos y tecnologías para evitarlos.

 

Se construirán cinco refinerías para dejar de importar petrolíferos del extranjero. Es un absurdo que México venda petróleo crudo y compre derivados de petróleo, renunciando al valor agregado de la refinación. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, México es ya el tercer país importador de derivados de petróleo, después de China y Japón, países que no son productores de petróleo y que además son el segundo y tercer productor de derivados de petróleo en sus propios países, después de Estados Unidos.

 

Dicen que no se justifica el plan para construir cinco refinerías, solo dato: nada más el flete por traer la gasolina del extranjero cuesta a razón de tres pesos por litro, estamos erogando alrededor de 75 mil millones de pesos al año de flete por traer la gasolina del extranjero.

 

Se destinarán recursos suficientes para la investigación y el desarrollo tecnológico del sector energético. Se le devolverá la importancia que en su momento tuvieron el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Es a través del IMP que deberá generarse investigación sobre la extracción en aguas profundas analizando los riesgos humanos y ambientales asociados a esta actividad.

 

Habrá un programa nacional de transición energética y uso eficiente de la energía para disminuir, de inmediato y de manera creciente, la dependencia de combustibles fósiles y de recursos no renovables. Con este propósito se creará el Instituto de Energías Renovables para aplicar una política que, sin desconocer la importancia de los hidrocarburos, privilegie el desarrollo de otras fuentes de energía que respondan al cuidado y a la restauración del medio ambiente y el cambio climático.

 

El modelo económico que defiende que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos y cancela los derechos sociales y ambientales para condenarlos a ser una mercancía más, no sólo ha fracasado porque ha generado mayor pobreza, inequidad y endeudamiento, sino también ha generado la crisis ecológica que vive nuestra sociedad, donde a nivel global el cambio climático es la mayor expresión de ésta.

 

Pero no sólo es eso. En México se ha elegido un modelo de grandes proyectos incompatibles con la preservación ambiental. Si a esto se agrega la corrupción y la impunidad, estamos ante una situación límite. Regulaciones incumplidas, proyectos ilegales, devastadores de los recursos naturales, pero aprobados por tráfico de influencias y por dinero.

 

La nueva estrategia de regeneración nacional plantea que es necesario transformar el modelo de desarrollo imperante, por uno que frene la decadencia y garantice el bienestar de la población, dándole una nueva viabilidad a la Nación, preservando y restaurando los recursos naturales y mejorando el medio ambiente.

 

Se busca impulsar el desarrollo sustentable a través de las iniciativas privada y social, promoviendo la competencia, pero reconociendo el papel del Estado en las actividades estratégicas reservadas por la Constitución, en la planeación del desarrollo y como garante de los derechos sociales y ambientales de las actuales y de las futuras generaciones. Se trata de actuar a través de un gobierno que disminuya su costo a la sociedad y que actúe de forma honesta, profesional y responsable.

 

En ese marco de desarrollo sustentable se inscribe nuestro programa energético.

 

 

 

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